La normativa nacional es clara y no contempla indemnizaciones por lo que, salvo subvenciones, no habrá otras ayudas por la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Oyambre
La normativa estatal no contempla la posibilidad de que desde las Administraciones Públicas se concedan compensaciones económicas a los propietarios de terrenos afectados por la declaración del área como parque natural. Ese será el único criterio que guiará la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Oyambre (PORN), cuyo borrador fue presentado esta misma semana.
Tras la reunión del Patronato, Mario Gutiérrez, miembro del mismo en representación de los propietarios de terrenos integrados en el parque, reclamó compensaciones a la Administración «ante la pérdida de patrimonio». Pero esa petición choca frontalmente con la legalidad vigente, que sólo contempla las indemnizaciones para el caso de que haya una pérdida patrimonial directa -por ejemplo un aprovechamiento cinegético por parte de una Junta Vecinal que queda prohibido por la declaración de un parque- pero nunca para responder económicamente a «meras expectativas» que se hayan hecho los titulares de los terrenos.
Indemnización
El derecho a indemnización, si existiera, queda reglado en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En su Título X, y en los artículos 139 a 146, se especifica la casuística en la que sí se contempla el derecho a ser indemnizado por parte de las administraciones.
A lo que sí podrán acogerse los afectados es a las subvenciones y programas de ayudas que ya contempla la Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (artículo 77), opción que queda ratificada en el proyecto con la declaración de Área de Influencia Socioeconómica de la totalidad de los municipios que aportan terrenos al Parque Natural: Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga y Val de San Vicente. En dicho Área se aplicará el régimen de ayudas y subvenciones públicas que se establezca para la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
Aunque la «incompatibilidad» de varias infraestructuras es nítida según el PORN, en el borrador del proyecto y en para los Elementos de Régimen Singular definidos (polideportivo, planta de butano, campo de golf de Oyambre e infraestructuras en Santa Marina), se subraya que en el caso de que la actividad o uso esté amparada en un título administrativo en vigor se podrá continuar la misma hasta la fecha de la extinción del título (artículo 38).
Tal y como adelantó este periódico, la memoria económica del PORN, prevé unas inversiones y gastos de 12.541.875 euros para el período 2009-2015, destacando el gasto previsto para la creación del Centro de Interpretación del Parque Natural. Los trabajos se iniciarán este año. La sede se ubicará en la Casa del Pozo.
Tras la reunión del Patronato, Mario Gutiérrez, miembro del mismo en representación de los propietarios de terrenos integrados en el parque, reclamó compensaciones a la Administración «ante la pérdida de patrimonio». Pero esa petición choca frontalmente con la legalidad vigente, que sólo contempla las indemnizaciones para el caso de que haya una pérdida patrimonial directa -por ejemplo un aprovechamiento cinegético por parte de una Junta Vecinal que queda prohibido por la declaración de un parque- pero nunca para responder económicamente a «meras expectativas» que se hayan hecho los titulares de los terrenos.
Indemnización
El derecho a indemnización, si existiera, queda reglado en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. En su Título X, y en los artículos 139 a 146, se especifica la casuística en la que sí se contempla el derecho a ser indemnizado por parte de las administraciones.
A lo que sí podrán acogerse los afectados es a las subvenciones y programas de ayudas que ya contempla la Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (artículo 77), opción que queda ratificada en el proyecto con la declaración de Área de Influencia Socioeconómica de la totalidad de los municipios que aportan terrenos al Parque Natural: Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, Valdáliga y Val de San Vicente. En dicho Área se aplicará el régimen de ayudas y subvenciones públicas que se establezca para la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
Aunque la «incompatibilidad» de varias infraestructuras es nítida según el PORN, en el borrador del proyecto y en para los Elementos de Régimen Singular definidos (polideportivo, planta de butano, campo de golf de Oyambre e infraestructuras en Santa Marina), se subraya que en el caso de que la actividad o uso esté amparada en un título administrativo en vigor se podrá continuar la misma hasta la fecha de la extinción del título (artículo 38).
Tal y como adelantó este periódico, la memoria económica del PORN, prevé unas inversiones y gastos de 12.541.875 euros para el período 2009-2015, destacando el gasto previsto para la creación del Centro de Interpretación del Parque Natural. Los trabajos se iniciarán este año. La sede se ubicará en la Casa del Pozo.
